La realidad del agua en Chile

Chile es el único país del mundo donde el agua es un bien de consumo privado. No es un mito, ni una lectura engañosa. Aunque varios países aplican un sistema mixto, el nuestro es el único donde el recurso natural es completamente privado.

Para peor, en nuestra tierra todos y cada uno de los recursos naturales están privatizados y poco a poco esto irá cambiando en los próximos años, al menos en el papel ya que las consecuencias de privatizar todo se han hecho cada vez más impactante con el tiempo transcurrido, mientras que en paralelo, los grandes beneficiarios de estos privilegios son visitas recurrentes en tribunales.

En Chile, se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de todos los connacionales. Acá radica el gran problema de esto.

Nueva ley

El 23 de noviembre de 2016 la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional, con 63 votos a favor y 32 en contra, un proyecto que prevé modificar el Código de Aguas con el fin de confirmar el agua como un derecho humano fundamental.

El proyecto llevaba 5 años en la cámara y ahora se encuentra en el Senado, en un largo camino de legislación. La iniciativa pondrá fin a la cesión a perpetuidad de dicho recurso a empresas, imitándolo a un periodo de 30 años.

Estos derechos pueden ser revocados en dos casos: Si el recurso no es utilizado: 4 años para el uso consuntivo (en que el agua no vuelve al cauce) y 8 años para el uso no consuntivo (principalmente hidroeléctricas).

Sin embargo, eso correrá solo para el 10% de los derechos existentes dado que el Estado ya otorgó el 90% de los derechos de agua a privados de manera gratuita y perpetua. Lamentablemente, esta ley no es retroactiva, por lo que los tratos cerrados con anterioridad están sellados. Parece mentira, pero no. Ese alto porcentaje lo utilizan las hidroeléctricas de siete cuencas del sur del país: Cochamó, Petrohué, Murta, Palena, Del Oro, Chaihuín, Cisnes y Golgol.

La priorización de la función de subsistencia también es uno de los ejes de la iniciativa legal. Esta consagra el derecho de acceso al agua potable y al saneamiento. También, limita su ejercicio cuando hay escasez.

Además, se potencian las facultades de la Dirección General de Aguas (DGA). Por ejemplo, en caso de aguas subterráneas, podrá limitar las extracciones si hay una degradación del acuífero. En tanto, para las aguas superficiales, la entidad podrá redistribuir las aguas cuando el río se encuentre seccionado.

Asimismo, se sanciona la llamada tenencia ociosa de derechos de aprovechamiento, aumentando el cobro de patentes y los derechos caducarán si no se inscriben en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces en cierto plazo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes. Afirma que hoy los derechos de agua deben estar protegidos como derecho privado. “Eso es algo que tiene que ver con la propiedad privada, y estamos absolutamente preocupados de que los proyectos que están en el Congreso vayan a generar un cambio, eso nuevamente genera incertidumbre en los actores económicos”, dijo Mewes que al parecer ignora que el agua es un recurso natural que en la actualidad produce una problemática país como veremos más adelante.

Este enfoque ideológico lo comparte la derecha en Chile y Sebastián Piñera, basado en los lineamientos del Instituto Libertad y Desarrollo que, predeciblemente, aplica su visión del “crecimiento económico infinito” a la naturaleza. Se proyecta que todo es mercantilizable y debe tender al crecimiento, la competitividad y el eficientismo, incluyendo un ‘recurso natural’ como el agua según cuenta Rodrigo Álvarez en El Mostrador.

El proyecto ingresado abarca los siguientes puntos clave según Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas (MOP):

– El uso prioritario del agua es el consumo humano, algo que “es obvio” pero que “no estaba en la ley”. Este punto es de lo más emblemático ya que se contradice con la Constitución (en el artículo 19, numeral 24, inciso 11 contenido en la Constitución Política de 1980 se consagra la propiedad privada del agua) y es acá donde algunos parlamentarios, herederos del régimen militar y por supuesto, de derecha, han puesto el énfasis de la discusión.

– Aquellos que están utilizando bien los derechos de agua mantienen esos derechos. O sea, se sigue considerando un bien de consumo.

– En caso de que alguien acapare derechos de agua y no los utilice, los derechos caducan y vuelven a la cuenca para que los usen aquellos que sí los necesitan. Una modificación mencionada que valida lo que había anterior, pero que nada se condice con lo que necesita el país.

– Hay que cuidar el medio ambiente y las cuencas de los ríos. Otra modificación que viene a mejorar lo que había, pero que no presenta cambios de fondo.

Esta nueva ley toca 55 puntos del Código de Aguas, pero se mantiene la figura de la propiedad privada, solo se modifica el concepto de “dueño” a “titularidad”, algo más bien cosmético.

“Todos hemos sabido la verdadera guerra del agua que tenemos en la provincia de Petorca y uno de los elementos que ha incidido es que se ha permitido la inscripción de derechos provisionales que pasados cinco años pasan a ser derechos permanentes. Esto ha permitido que grandes propietarios agrícolas hayan usurpado el agua a pequeños campesinos. No pueden haber derechos de aguas en cuencas que no tienen aguas, cómo el Código de Aguas permite que se sobre otorguen derechos y en la práctica tengamos una ley del más fuerte” dice Daniel Ñuñez (PC).

Uno de los avances es que desde el momento de su entrada en vigencia la actual propiedad perpetua del agua pasará a ser concesión temporal – en ese 90% de casos ya cerrados-. Esto se traduce en que la actual propiedad perpetua del agua pasará a ser concesión temporal. Es decir, empresas como las mineras deberán informar y solicitar permisos para utilizar las aguas halladas y deberán desarrollar un caudal ecológico a cada una de las nuevas concesiones. Para el caso de los ya otorgados que explotan con cuencas degradadas y amenazadas, áreas silvestres protegidas, los grandes proyectos que usen agua como hidroeléctricas, embalses, y los traslados deberán, al menos, asumir su responsabilidad medio ambiental.

La iniciativa pasó por un largo camino antes de llegar a la Cámara: fue tramitada en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, luego por la Comisión de Agricultura y, finalmente, por Hacienda, proceso que fue dirigido por  Undurraga, ministro del MOP, junto al Director General de Aguas, Carlos Estévez.

Este proceso tuvo férrea oposición de los sectores cercanos al mundo agrícola de Chile Vamos, además de todos los gremios, las empresas agrícolas, el sector minero, las empresas de generación energética y en menor medida las sanitarias. Por tres puntos específicos: por un lado la propiedad vinculante, por aspectos que contradicen la Constitución y por el acceso financiero de crédito a proyectos (tesis avalada por el Banco Estado).

Justamente en este último punto, el banco estatal planteó en la Cámara que esta Reforma afectará el acceso al financiamiento, debido a la importancia de la tasación al momento de garantizar los predios agrícolas, afectando a los agricultores. Es más, hizo hincapié en la debida claridad que debe existir en el acto de otorgamiento de la concesión y una clara identificación de las causales por las cuales podría limitar el uso de los derechos de aguas.

Entre las organizaciones presentes en la votación de sala en la Cámara de Diputados estuvieron la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), la Asociación Metropolitana de Agua Potable (APRIM), dirigentes de APRs de La Ligua, Petorca, San Felipe y Melipilla, Mujeres en Zonas de Sacrificio, Fundación Chile Sustentable, Fundación Ecosistemas, Fundación Newenko, la Coordinadora No Alto Maipo y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENATRAOS) quienes seguirán la tramitación ahora en el Senado.

Antecedentes

Hoy, los derechos de aguas en Chile están en manos de privados de forma gratuita y a perpetuidad bajo, el Código de Aguas que se formuló en 1981 y que considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas.

Esto generaba una enorme diferencia con el anterior marco normativo, el Código de 1969, el que por ejemplo jerarquizaba los usos ante situaciones en conflicto. Así, en su artículo 30 declaraba que ante diversas solicitudes de aprovechamiento, la concesión se realizaría priorizando la bebida y el servicio de agua potable, luego, el uso doméstico y saneamiento, y finalmente dando lugar a “otros usos”, los comerciales.

El código del 81’ creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. Actualmente, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA, de capitales extranjeros, afirma Rodrigo Mundaca en una columna publicada en CIPER Chile acá.

Producto de la represión y la falta de información pública, varios personajes hicieron sus fortunas con la privatización de bienes y empresas públicas. Como estamos acostumbrados, el Estado (o sea, todos los chilenos) asumimos los costos y riesgos.

Cuando José Yuraszeck compró Chilectra en los años 80’ lo hizo con importantes créditos que fueron avalados por el mismo Estado chileno, si el negocio fallaba, pagábamos todos nosotros. Luego, en los noventas, el mismo Yuraszeck obtuvo millonarias utilidades con la venta de Chilectra, que fue vendida a foráneos. La operación estuvo además al calor de un importante fraude conocido como el caso Chispas que involucró al empresario en un caso de corrupción. Para conocer este caso lee acá.

Así, el régimen militar redujo el papel del gobierno en la gestión de los recursos hídricos del país. Esto, combinado con la legislación de los años noventa, permitió a las empresas de servicios públicos privados intervenir y hacerse con la distribución del agua en las zonas urbanas.

Pero hay un vacío en esto y es producto del capitalismo. Debido a que el modelo basado en el mercado refleja el valor del agua, aunque sea imperfectamente, las empresas tienen menos incentivos para vender el preciado líquido en determinadas áreas donde las ciudades y municipios son pobres, debido a que los márgenes de beneficio son bajos.

Privatizaciones

Durante el gobierno de Eduardo Frei, 1994 a 1999, se inició la privatización de Esva, Essbio, Essal y Aguas Andinas, reservándose para el Estado sólo porcentajes minoritarios, siendo el mayor de ellos el de Aguas Andinas, con un 40 por ciento.

El argumento que dio el gobierno de Frei para privatizar la primera porción de las sanitarias fue que con ello se lograría una mayor cobertura del servicio. Las cifras nos dan un panorama distinto, donde el único aumento significativo se da en el tratamiento de las aguas servidas (de un 17% en 1998 a un 83% en 2008).

Ahora bien, ¿quién pagó esa inversión? Que no sorprenda la respuesta, que es generalmente la misma en estos casos: nosotros, los consumidores. Cada mes, en la cuenta de agua que llega a nuestras casas hay un ítem por el tratamiento de las aguas servidas. La inversión está siendo pagada por todos. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué no pudo hacer algo similar el Estado? Considerando además que estas son empresas con grandes rentabilidades.

El gobierno de Sebastián Piñera terminó de vender lo que en su momento hicieron Eduardo Frei y Ricardo Lagos, las acciones que el Estado chileno posee en las empresas sanitarias (35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y 43% en Essbio). Esto, con el argumento repetido en distintas instancias que se hizo para aumentar la cobertura. Piñera solo dejó un 5 por ciento de su participación en las empresas sanitarias y lo sorprendente es que el entonces senador Eduardo Frei, criticó públicamente la operación cuando él como Presidente había hecho lo mismo.

Estas empresas públicas entregaban al año al Estado chileno alrededor de US$400 millones y su venta aportó unos US$1.600 millones. Esto significa que fueron vendidas a un costo tres veces mayor de lo que se ganaba anualmente, el ejemplo máximo del corto placismo sin límite.

Estas privatizaciones les dieron bastante caja a esos ex presidentes para perpetuar esa falsa sensación de que crecíamos como país. Esto es como cuando una empresa vende activos para superar crisis, en el mundo comercial es parte del juego, pero no cuando esos activos son de propiedad nacional. El resultado es que las brechas son cada vez más amplias y que para La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) somos el país con peor distribución de la riqueza.

De acuerdo a un informe del año 2011 encargado por la DGA al Banco Mundial, entre los años 2005 y 2008 se realizaron cerca de 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de aprovechamiento de agua por un valor anual de casi 1.200 millones de dólares. Un negocio más entre un sistema que tiene a Chile privatizado por completo.

Las otras aristas del tema

El panorama tiene un oscuro lado humano. Vale considerar que el país enfrenta un crítico déficit de agua que afecta al 72% del territorio nacional y esto quedó más que ejemplificado con los incendios del último verano (2017) que duplicaron en hectáreas al promedio de años anteriores.

Además a través del MOP se informa que hay 400 mil personas en nuestro país que hoy no tienen acceso para tomar ni un vaso de agua.

Por otro lado, Chile cuenta con uno de los servicios más caros de agua potable en toda América Latina, y como si esto fuera poco, los precios promedio de la energía superan 60 por ciento al de países de la OCDE. En esto, la generación termoeléctrica juega un papel fundamental, pero también está el hecho de que todas las empresas generadoras son privadas. En algunas zonas del Norte, el precio del litro por segundo supera los U$200 mil, con los subsecuentes impactos sobre comunidades locales o indígenas, que sufren la contaminación consumada y deben abandonar sus tierras y dar paso al monocultivo.

Desde un punto de vista estratégico, Chile es la segunda reserva mundial de agua dulce del planeta y tiene las aguas más limpias a nivel mundial, por lo que recuperar su propiedad resulta relevante para los desafíos geopolíticos futuros. “Se da la paradoja de que los agricultores que están al lado del río Baker no lo pueden utilizar porque esa agua es de Endesa” decía Guirardo el 2012 cuando varios congresistas dieron pie a la ley que se discute hoy en el Senado. Revisa ese proceso acá.

Endesa, empresa de capitales españoles e italianos, es la principal en generación eléctrica en nuestro país con un 39 por ciento, según las cifras de Central Energía y en un brutal monopolio es dueña del 80% de los derechos de agua no consuntivos del país.

Chile, país de cuencas hidrográficas, debería ser gestionado como tal. Cada cuenca debería ser estudiada y administrada, para de ese modo garantizar el desarrollo armónico de las diversas actividades que alberga, explica Rodrigo Alvarez acá.

Si te gustó este artículo, ¡compártelo! ¡Gracias!