La minera Pampa Camarones, que explota minerales oxidados de cobre y produce cátodos de cobre, fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Sus reclamos legales fueron rechazados por el Tribunal Ambiental y luego se confirmó la sentencia en la Corte Suprema.
La inspección se realizó en junio de 2015. La multa asciende a 3.575,9 Unidades Tributarias Anuales (UTA) –equivalentes a $1.989 millones de pesos-. La Superintendencia constató que la construcción del Sistema de Impulsión de Agua de Mar (SIAM) con que operaría la planta no correspondía a lo autorizado por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto, según un informe de Sernapesca, constituía un riesgo para la población de Chungungos del sector.
El chungungo está en peligro de extinción en Chile, de ahí la mayor gravedad del hecho.
La Resolución Exenta N° 714 aclara “que identificaron, describieron y acreditaron razonada y fundadamente el riesgo o daño inminente que se intentó precaver con la adopción de las medidas provisionales pre-procedimentales. Este riesgo se configuró por la construcción de un SIAM distinto del autorizado en la RCA, circunstancia que constituye una justificación razonable y suficiente para la adopción de las mismas”, detalla la sentencia y agrega “que, a la luz de los antecedentes tenidos a la vista, resulta claro que el SIAM fiscalizado no era el contemplado en la evaluación ambiental original del proyecto”.
Pampa Camarones arrastraba una deuda de aproximadamente US$120 millones. Recientemente, para evitar la quiebra y perder los activos, Minera Activa adquirió cerca del 90% a US$18 millones. Esta empresa es una sociedad administradora de vehículos de inversión de capital privado para el sector minero, es del grupo LarrainVial y tiene un capital estimado de US$160 millones.
Los dueños de Pampa Camarones eran Pampa Mater S.A. (65,3%); Arrigoni Minería SpA (26,7%) y Samsung C&T Chile Copper SpA (8%). Sus acreedores son la Empresa Nacional de Minería (Enami) -arrendataria del yacimiento- , BBVA, Tanner y varios factoring bancarios y no bancarios.
El Tribunal estuvo integrado por su presidente, Rafael Asenjo, y los ministros Sebastián Valdés y Ximena Insunza, quien redactó la sentencia que se puede revisar aquí.
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